UGT Servicios Públicos denuncia una vez más que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sigue haciendo caso omiso a las reivindicaciones laborales y retributivas de los funcionarios/as de las Gerencias Territoriales de Justicia.
“Es imposible que una Gerencia de Justicia como la de Castilla-La Mancha pueda ser eficiente cuando solo tiene 22 funcionarios y debe prestar servicio a todos los órganos judiciales de la región y a la ciudadanía. Es imposible que se pueda atender de manera adecuada al público cuando en la oficina de atención tan solo hay tres funcionarios en sus mejores momentos”.
Antonio Marín, responsable de Justicia-AGE de UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha, añadía que a lo largo de 2023 la oficina de atención al público tramitó 4.838 consultas presenciales; 4.451 consultas telefónicas; 39.520 certificados de antecedentes penales; 9.529 certificados de últimas voluntades… “Ante tal volumen de trabajo -imposible de gestionar para una plantilla tan escasa- muchos trabajadores/as optan por marcharse a otras administraciones”, añadía.
El sindicato advierte de la sobrecarga laboral y el sobreesfuerzo que diariamente sufren los 22 funcionarios/as de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha, organismo que –debido a esta falta de personal- se encuentra en una situación de colapso.
Asegura que la plantilla vive jornadas marcadas por el estrés y la acumulación de trabajo, tensiones y presiones ante las que no obtienen ningún tipo de solución por parte de la administración.
Por todo ello, Antonio Marín exige que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes refuerce la plantilla y que negocie un aumento retributivo.
Recuerda que el sindicato ha llevado a cabo una campaña de recogida masiva de firmas entre los funcionarios de las gerencias instando al ministerio a que convoque una mesa de negociación con el fin de mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras. “Si han sido capaces de llegar a un acuerdo con los 11.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de Justicia no transferidos, también debe ser posible alcanzar un acuerdo con los 200 funcionarios que, a nivel nacional, forman parte de las plantillas de gerencias no transferidas”.