El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en Toledo en la que ha valorado la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el despido en España. En compañía del representante de UGT CLM, Francisco Javier González, Luján ha reiterado que “España tiene que cumplir con los tratados internacionales y ser respetuoso con la Carta Social Europea”.
“Tenemos que adaptar nuestra legislación a lo que nos ha dicho el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) en esta resolución. Lo primero es que para que la regulación de un despido ilegal se adecúe a la normativa internacional debe prever el reembolso de las pérdidas financieras sufridas entre la fecha del despido y la decisión del órgano que debe dictaminar si es acorde a la ley. Lo que se debe hacer desde ya es recuperar los extintos salarios de tramitación”, ha señalado Luján.
En esta línea, el vicesecretario general de Política Sindical ha continuado explicando la segunda de las exigencias del CEDS que debe adoptar el Estado español: “En ausencia de readmisión, cuando no sea posible restaurar un contrato que se ha extinguido de manera ilegal, la indemnización debe ser lo suficientemente importante para que disuada a los empleadores de extinguir injustamente los contratos y tiene que resarcir los daños que se hayan producido a la víctima”, ha señalado.
Del mismo modo, Luján ha hecho un llamamiento al Ejecutivo: “Sería conveniente que nos citara el Gobierno y que a través del Diálogo Social adaptáramos la legislación a lo que se nos dice desde Europa”. “Me consta que la vicepresidenta segunda ya ha dicho que va a convocar la mesa del Diálogo Social” con este objetivo, ha añadido.
El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dado la razón a UGT y ha condenado a España por no cumplir con la obligación de dar una compensación adecuada por despido injustificado. Además, ha constatado que el mecanismo de compensación en España no permite a las víctimas obtener una compensación adecuada que cubra los daños sufridos y que tenga un efecto disuasorio sobre los empleadores. El derecho al trabajo es un derecho humano fundamental que hay que respetar.
El CEDS concluyó que la legislación española no cumple con el Artículo 24 de la Carta Social Europea (CSE), que garantiza el derecho de los trabajadores a una protección adecuada en caso de despido. Así, se produce violación del Tratado Internacional del Consejo de Europa por lo que condena a España por incumplir el art. 24 de la CSE.
“No es admisible en un Estado social y democrático de derecho que por parte de las empresas se pida incumplir la ley, despedir de manera injusta y saber que te va a costar poco y que lo puedes asumir. No es aceptable. Por lo tanto, van a tener en frente a la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores y si el Gobierno de España no es respetuoso y no cumple sus obligaciones nacionales e internacionales, batallaremos juzgado a juzgado”, ha sentenciado Luján.