El secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, ha indicado hoy que el sindicato seguirá defendiendo la reforma del despido improcedente en este país tanto en las mesas de diálogo que se puedan abrir con el Gobierno como en los tribunales de justicia. En rueda de prensa daba cuenta de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano que -tras la denuncia interpuesta por el sindicato en marzo de 2022- ha determinado que la legislación española no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europa al no garantizar el derecho de los trabajadores y trabajadoras a una protección adecuada en caso de despido.
Francisco Javier González apuntaba que “no podemos permitir que un despido injusto e improcedente sea tan barato”. En la provincia de Albacete -añadía- estas indemnizaciones están en los 7.000 euros, “una cuantía que no es nada resarcitoria ni disuasoria”.
A partir de esta resolución, Europa le ha dicho a España que debe reformar el sistema de compensación por despido injustificado para hacerlo más adecuado y efectivo ya que “presenta deficiencias significativas en términos de compensación de daños a la víctima y capacidad disuasoria”.
En este sentido, para cumplir los requisitos del artículo 24 de la Carta Social Europea, España debe fijar una indemnización plenamente resarcitoria del daño causado, permitiendo a los tribunales laborales ajustar la compensación basada en los daños reales sufridos por los trabajadores/as despidos/as, incluidos los daños morales y el impacto personal del despido; y eliminar o elevar los topes de compensación. “Para asegurar que las indemnizaciones sean suficientemente disuasorias, se podría eliminar el tope máximo de 24 mensualidades o elevarlo significativamente”. Aquí UGT ha indicado que, como en otros países europeos, debería establecerse un mínimo indemnizatorio por despido injusto de 6 mensualidades.
El secretario general de UGT Albacete también precisaba que el Estado español debe introducir cambios para fomentar la reincorporación del trabajador y fortalecer esta opción; volver a poner en marcha los salarios de tramitación, para asegurar que los trabajadores y trabajadoras no sufran pérdidas financieras desde que les despiden hasta que la causa llega a los tribunales; y asegurar una tramitación judicial más rápida de estas causas.
“España se comprometió a cumplir la Carta Social Europea y en la propia Constitución viene recogido que los tratados internacionales son de obligado cumplimiento”.
“La del Comité Europeo de Derechos Sociales es una resolución muy importante para los trabajadores y trabajadoras de este país. UGT está dispuesta a sentarse con el Gobierno y el resto de agentes sociales para hacer efectiva la transposición de la misma al ordenamiento jurídico”.
Recordaba que fue en 2012, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando se rebajó la indemnización por despido de los 45 días a 33 días, un cambio introducido por la reforma laboral de aquel año que ha supuesto, desde entonces, una merma considerable en las compensaciones que reciben los trabajadores que son despedidos sin justificación y de manera improcedente.