Paralelamente a otras muchas ciudades españolas, más de un centenar de trabajadores y trabajadoras se han concentrado hoy en Toledo -a las puertas de la Consejería de Bienestar Social- para exigir al Gobierno regional un cambio en el modelo de gestión de los centros de reforma juvenil y de protección de menores. Convocados por UGT, CCOO y por el Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha, han pedido más profesionales para la atención de estos niños y jóvenes, acabar con la precarización del sector, seguridad laboral y un marco estatal que homogenice en España cómo debe prestarse este servicio.
Continuando con las movilizaciones iniciadas hace dos semanas tras el suceso que se cobró la vida de una trabajadora en un centro de menores de Badajoz, sindicatos y colegio profesional han exigido a la Junta de Comunidades -“que es la que decide en qué condiciones se da este servicio”- que haga posible un concierto social con condiciones laborales dignas y con recursos suficientes, instándole también a revisar la externalización de esta prestación.
Estrella Fernández, representante del sector Autonómico de UGT Servicios Públicos, aseguraba que el sindicato ya ha solicitado al Gobierno central una reunión urgente para dotar a este sector de un marco básico estatal y es que “la protección y la reforma de niños y jóvenes son -como la educación y la sanidad- un servicio público esencial, un derecho de la ciudadanía”. Añadía que, “si hacemos dejación de funciones, si ponemos a un solo trabajador en cada turno, estamos poniendo en peligro, no solo a los trabajadores/as, también a los menores”.
Apuntaba que la ratio actualmente en Castilla-La Mancha es de un profesional por cada ocho niños o jóvenes. “Es el momento de que la Junta asuma su responsabilidad porque -ocurre también en otros ámbitos como las residencias de mayores- este Gobierno suspende en la atención a las personas”.
Por su parte, Antonio Romero, responsable a nivel regional y estatal del Sector de Menores en la Federación de Enseñanza de CCOO, aseguraba que “en Castilla-La Mancha se ha hecho un concierto social, no para mejorar el servicio, sino para precarizarlo”. Reclamaba mayor seguridad laboral y un número suficiente de profesionales para atender a los menores, “menores que vienen con unas mochilas y cargas que hacen necesaria una atención socio-educativa individualizada para poder reeducarlos y que sean ciudadanos de futuro”.
“Tenemos 17 modelos de gestión en España, cada una con un precio plaza distinto. Así, frente a los 122 euros que se destinan en Castilla-La Mancha, en Madrid esta cantidad asciende a 226 euros, lo que les permite tener más personal y garantizar la subida salarial prevista en convenio”.
Recordaba que el modelo de concierto de la comunidad autónoma ha sido anulado a raíz de un recurso de CCOO ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, entre otras cosas, porque se salta las directivas europeas sobre la gestión externalizada de los servicios sociales.
En este mismo sentido opinaba Francisco Peces, presidente del Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha, quien señalaba que el Gobierno regional ya ha anunciado que va a recurrir esta anulación, lo que supondrá dilatar aún más en el tiempo que la comunidad empiece a tener un modelo de calidad.
“El concierto social de Castilla-La Mancha rompe con el modelo estipulado en el convenio a nivel nacional, donde se dice que la figura de referencia es el educador social y que toda la intervención socio-educativa tiene que estar supervisada por educadores. En el concierto de Castilla-La Mancha se suprime la palabra educador/a social por profesionales de lo social, lo que nos coloca en una situación muy ambigua” y con la puerta abierta al intrusismo profesional.
No han mencionado en la nota a la Plataforma del Sector Social que ha empezado a movilizarse a nivel provincial, regional y nacional, plataforma que sin embargo está presente en las fotos y que además leyó un manifiesto en la concentración, ¿las plataformas ciudadanas no cuentan?
Por otro lado, es como poco indignante que el compañero de CCOO diga que en Madrid el modelo está «mejor» solo porque se cumplen las subidas salariales mínimas acordadas en el convenio estatal, cuando en CLM eso también se cumple pero no es ni de lejos lo más importante, lo escandaloso es el sueldo base de miseria para los profesionales que firmó la propia CCOO y sobre todo la ausencia de condiciones laborales dignas y garantías de de seguridad para profesionales y menores, todo ello derivado de la externalización generalizada y, en todo caso, de la falta de inspecciones acordes a lo que debería exigírsele a las AAPP.
Por último, qué bien que el Colegio de Educadores Sociales haya estado y abogue por reducir el intrusismo pero, ¿que no diga nada de la explotación de estos, de las horas extras, de los cambios de turnos por que sí, de no cumplir las ratios, de educadores sociales con salario de integradores sociales pero con funciones de lo suyo, de educadores sociales haciendo además de integradores y auxiliares, de la poca seguridad, de la falta de bolsas, de la falta de plazas también en las AAPP?
Parece que han estado más acertadas las declaraciones de UGT.