UGT FICA insta a las patronales agrarias a intensificar las evaluaciones de riesgos y a negociar el convenio regional del campo

Ante el inicio de la campaña de la vendimia en algunos puntos de la región UGT recuerda que persiste tanto la desigualdad territorial salarial como la falta de medidas preventivas y de protección de riesgos laborales.

Ante el inicio de la campaña de vendimia en algunas zonas de la región la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT CLM insta a las patronales agrarias a intensificar las evaluaciones de riesgos laborales a través de las cuales se detallan las medidas protectoras necesarias en cada explotación. El sindicato recuerda que estas evaluaciones son obligatorias por ley para todas las empresas, aunque a menudo su elaboración y cumplimiento dista mucho de la realidad.

Según Raúl Alguacil, secretario de Administración de UGT FICA CLM, todas las explotaciones deben contar con un lugar a la sombra para descansar y la empresa debe proporcionar a los trabajadores ropa de trabajo adecuada y agua. Sobre todo, llama la atención en la protección de la maquinaria agrícola y forestal para evitar los accidentes laborales que se suceden todos los años y los incendios forestales, más peligrosos aún con la situación de sequía que vive la región.

Por otra parte, Alguacil denuncia la desigualdad salarial que persiste entre las provincias e insiste en la necesidad de negociar un convenio único regional del campo para homogeneizar el sector y terminar con situaciones como el insuficiente convenio colectivo del Campo de Ciudad Real.

UGT CLM lamenta las situaciones de precariedad que viven los temporeros inmigrantes de estas campañas con jornadas excesivas no declaradas o no pagadas y recuerda que dispone de un departamento de migraciones a su servicio. Critica además que a raíz de la crisis los trabajadores más precarios, los extranjeros, hayan visto mermados los servicios de asesoramiento, alojamiento y control especializados que antes proporcionaba la administración. Y hace un llamamiento a los Gobiernos autonómicos y de España para aumentar el control de altas en la seguridad social y extremar la vigilancia en las intolerables situaciones de abuso.

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